FUENTE: EL MUNDO

El próximo 6 de julio la Autoridad italiana para la Garantía de las Comunicaciones (AGCOM) debatirá las nuevas normas en materia de derechos de autor, atribuyéndose de hecho el poder de cerrar aquellos sitios web italianos que utilicen material protegido por copyright, sin necesitad de una sentencia judicial.

La autoridad, tras recibir la alerta de una presunta violación de los derechos de propiedad intelectual, podrá actuar de forma preventiva siguiendo dos modalidades: o cerrando el sitio web que ha cometido la infracción, o bloqueando el acceso a éste, si está alojado en un servidor extranjero. La misma medida se aplicaría a los contenidos audiovisuales colgados en portales como YouTube.

La noticia ha desatado la indignación de los activistas y de los especialistas del sector digital, que no han tardado en movilizarse con peticiones 'online', iniciativas en las redes sociales, manifestaciones o 'flashmob' contra la nueva normativa que, además de entrar en conflicto con las atribuciones del poder judicial, podría representar un peligroso precedente para la democracia.

El pretexto del 'copyright'

Es insólito que un organismo administrativo se atribuya un poder de control tan grande, sin previa decisión del Parlamento italiano. Guido Scorza, abogado experto en derechos digitales y presidente del Instituto para las Políticas de la Innovación, ha publicado en Wired diez preguntas dirigidas a la autoridad garante, cuestionando la legitimidad de la medida: "la lucha contra la piratería es solo un pretexto", escribe Scorza, "en realidad nos estamos enfrentando a una violación del principio de separación de los poderes, del derecho a la defensa y el derecho a un justo proceso". El riesgo, según el abogado, es que la autoridad garante se atribuya poderes de "estado policial", sin respetar las funciones de la magistratura en materia de derechos de autor.

Las criticas trascienden al entorno italiano: el emprendedor español Julio Alonso, uno de los promotores del movimiento #nolesvotes contra la Ley Sinde, en una reciente entrevista para el semanal de información L'Espresso ha comparado la normativa del AGCOM a la española Ley Sinde, aunque cabe destacar que "a diferencia de lo que pasa en España, en Italia el cierre de las webs podrá efectuarse por vía administrativa, sin tener que esperar la sentencia de un tribunal".

¿Y si la web está alojada en un servidor extranjero? AGCOM podrá impedir el acceso a los ciudadanos italianos, "con un arbitrio que recuerda la mordaza a la Red de países como China o Corea del Norte", destaca Arianna Ciccone, fundadora del Internacional Journalism Festival de Perugia y promotora del movimiento de protesta 'online', a través de su web Valigia Blu. "Estamos luchando en contra de la cultura oscurantista de una clase dirigente vieja, que quiere escribir las reglas para un mundo que desconoce completamente: Internet". Según Ciccone la reglamentación de los contenidos en la web debería ser fruto de un debate abierto a las opiniones de expertos en derecho digital, "Quienes no viven en la Red no saben como funciona y el riesgo es que se apliquen restricciones propias de la reglamentación radio-televisiva, sin tomar en cuenta la naturaleza del medio".

Los periodistas y blogueros comprometidos con la protesta son muchos, aunque "queda en evidencia el retraso de los medios 'mainstream' italianos que no entienden las consecuencias que podría tener un normativa tan restrictiva para las libertades digitales de los ciudadanos". Si la deliberación fuera aprobada, el movimiento amenaza con acudir al Tribunal Administrativo, a la ONU y la Unión Europea para pedir que la norma sea declarada ilegitima.